ESPAILLAT Y OCASIO-CORTEZ LIDERAN ESFUERZO PARA PROPORCIONAR VIVIENDA A PERSONAS SIN VIVIENDA Y SOLICITANTES DE ASILO

WASHINGTON, DC – Los congresistas Adriano Espaillat (NY-13) y Alexandria Ocasio-Cortez (NY-14) han introducido una legislación fundamental para proteger a las personas y los migrantes en situación de inseguridad en materia de vivienda.

La H.R.9210 tiene como objetivo dejar de lado ciertos requisitos para los montos del Programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario utilizados para actividades de servicios públicos para prevenir, prepararse y responder a la falta de vivienda y las necesidades de asistencia de alquiler de emergencia.

“Nuestro proyecto de ley eliminará el tope del 15% en los servicios públicos de vivienda, según lo estipulado en el Programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario (CDBG) y extenderá los pagos de la subvención de emergencia del CDBG de tres a seis meses. Estos cambios aliviarán la presión sobre los municipios que enfrentan la crisis de personas sin vivienda y brindarán a decenas de miles de personas desfavorecidas los beneficios que merecen para vivir una existencia saludable y segura, al tiempo que fomentan la autosuficiencia”, dijeron los miembros del Congreso.

En particular, el tope en los servicios públicos permite que solo se gaste una pequeña fracción de dinero en recursos vitales como los refugios. Además, los pagos de subvenciones de emergencia actualmente se pueden desembolsar a individuos y familias por hasta tres meses consecutivos. Estos pagos cubren el alquiler, los servicios públicos y las facturas de la hipoteca, proporcionando a los necesitados un salvavidas en tiempos de crisis. A menudo, tres meses no son suficientes, ya que los residentes en peligro de ser desalojados necesitan apoyo oportuno para ponerse de pie y cubrir los gastos de alimentación, educación, transporte y otros gastos de mantenimiento de la vida. Para los solicitantes de asilo que esperan sus permisos de trabajo, la extensión de este período permitirá a las familias inmigrantes acceder a un refugio provisional ―un derecho humano reconocido por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas.

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