Desde que asumió el poder, la administración del Presidente Bush ha violado las leyes respecto al manejo de la guerra contra el terrorismo. El peor ejemplo de su indiferencia hacia nuestras normas de administrar la justicia y los derechos civiles surgió en el caso de José Padilla.
En el 2002 la Administración Bush estaba desesperada en demostrar progreso en la guerra contra el terrorismo—y desesperados en asustar al pueblo americano para que apoyara la guerra en Irak que no tenia ninguna relación con los atentados del 9/11. Después de que fue detenido, Padilla, un ciudadano Americano nacido en Brooklyn, fue declarado un “enemy combatant” (combatiente enemigo) y puesto en confinamiento solitario en una celda militar por tres años, sin acceso a un abogado o al sistema jurídico, por planear activar una “dirty bomb” (bomba sucia) en una ciudad americana.
Con el veredicto culpable de la semana pasada, Padilla fue convicto de un crimen drásticamente diferente a los cargos originales del “dirty bomb.” Él fue convicto de aportar ayuda material a grupos terroristas. Por esta acción, él debería ser encarcelado. Sin embargo, el argumento central sigue valido: él tenía que ser acusado de ese crimen inmediatamente y no haberle negado sus derechos civiles básicos y las protecciones que se le dan a todos los ciudadanos americanos.
Desde el comienzo de este caso, yo he dicho públicamente a viva voz “celébrenle un juicio a este hombre.” Esto fue algo que no tuvo acogida al principio porque muchos temían las repercusiones en apoyar los derechos civiles de un terrorista acusado, aun uno que nació y fue criado en los estados unidos. Pero gradualmente, el público y las cortes han realizado la necesidad de que a Padilla se le celebre un juicio, o por lo menos que tenga acceso a un abogado. El movimiento para celebrarle un juicio en una corte civil fue lento y tuvo gran resistencia de parte de la Administración Bush.
A pesar de juzgar y encontrar a Padilla culpable, la Administración todavía reclama que no puede juzgar a terroristas sospechosos en las cortes civiles porque temen revelar los métodos de espionaje. Ellos reclaman que en una guerra el Presidente no puede ser limitado por los métodos usuales de la justicia.
Estos dos argumentos están totalmente equivocados—y francamente son sumamente alarmantes. El sistema americano de justicia está diseñado precisamente para prevenir que personas sean encarceladas arbitrariamente o por razones políticas.
Imagínense una América donde el Presidente u otros funcionarios puedan decidir encarcelar a una persona—incluyendo a ciudadanos americanos—sin formular cargos y sin un método de combatir ese encarcelamiento. Esto es lo que la Administración reclama como su derecho en el caso de Padilla. Este no es un sistema en el cual los americanos pueden confiar. Esto tampoco es un reflejo de la nación en cual yo creo.
Es importante acusar y condenar a los terroristas sospechosos, esto tiene que hacerse de una manera que respete nuestras leyes, y siga la historia de nuestra nación en respetar los derechos civiles básicos. Si hubiesen manejado correctamente el caso de Padilla, este hubiese servido para reenforzar nuestra lealtad al orden y a la ley. Sin embargo, en este caso se hizo todo lo contrario.
Al final, Padilla fue convicto de un crimen serio en una corte civil con un jurado. La sabiduría de ese jurado y esa corte tienen que ser respetadas. Pero la maniobra de la Administración que lo encarcelo sin cargos formales por más de tres años tiene que ser repudiada.
Padilla and the War on Terror
By José E. Serrano
From the very beginning the Bush Administration has broken the rules when it comes to fighting the war on terror. The worst example of their disregard for our normal methods of administering justice and civil rights came in the case of Jose Padilla.
In 2002, the Bush Administration was desperate to show progress in the war on terror—and desperate to scare the American people into supporting a war in Iraq that had nothing to do with 9/11. After they arrested him, the Administration declared Padilla – an American citizen born in Brooklyn – an enemy combatant and threw him into solitary confinement in a Navy brig for three years, without access to lawyers and our judicial system, for plotting to set off a dirty bomb in an American city.
With last week’s guilty verdict, Padilla was convicted of a crime far different than the Administration’s original “dirty bomb” charges. He was convicted of providing material aid to terrorist groups. For that action he should serve jail time. However, the central point remains: he should have been charged with that crime immediately rather than being denied the basic civil rights and protections that all American citizens deserve.
From the beginning of this case, I have said publicly and loudly “give this man a trial.” This was an unpopular sentiment at the time, because many feared a backlash for supporting the civil rights of an accused terrorist, even one who was born and raised in the U.S. But gradually, the public and the courts came to see the need to give Padilla a trial, or at least access to lawyers. The move toward trying Padilla in a regular court came haltingly and with great resistance from the Bush Administration.
Despite successfully trying and convicting Padilla, the Administration still claims that it cannot prosecute terror suspects in regular court for fear of revealing spying methods in open court. They claim that in a war the President cannot be constrained by the normal methods of justice.
Both these arguments are flat wrong—and frankly quite scary. The American system of justice is beautifully designed to prevent people from being locked up for arbitrary or political reasons.
Imagine an America where the President or another official can decide to lock up a person – including American citizens – without charges and without a method to challenge their imprisonment. That is what the Administration claimed was their right in the Padilla case. That is not the system that Americans can trust. It is also not a reflection of the nation that I believe in.
It is important to prosecute and convict terrorism suspects, but it must be done in a way that follows our laws, and honors our nation’s history of respecting basic civil rights. Had it been handled correctly, Padilla’s case could have reinforced our commitment to the rule of law. Instead it did the opposite.
In the end, Padilla was convicted of a serious crime in an open court with a jury. The wisdom of that jury and the court must be respected. But the wisdom of an Administration that locked him up uncharged for more than three years must be challenged.
